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Hasta $3.500 millones en multas a alojamientos por cancelar reservas para ver a Bad Bunny

La Superintendencia de Industria y Comercio puso la lupa sobre alojamientos en Medellín tras denuncias por cancelaciones masivas de reservas en medio de la alta demanda por los conciertos del artista puertorriqueño.

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Por: Equipo de Redacción

Redacción Digital

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Los usuarios deben describir los hechos y adjuntar pruebas como correos, mensajes o comprobantes de pago. Foto: Getty Images

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Medellín vive uno de sus fines de semana más movidos del año con la llegada de Bad Bunny y su Debí Tirar Más Fotos World Tour. El artista puertorriqueño se presentará este 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, lo que disparó la llegada de turistas y la demanda de alojamiento.

Sin embargo, la fiesta musical quedó opacada para muchos viajeros. En redes sociales comenzaron a multiplicarse las denuncias por cancelaciones inesperadas de reservas que ya estaban confirmadas desde hace meses.


Cancelaciones para subir precios

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), varios prestadores de servicios turísticos habrían cancelado reservas de manera unilateral para volver a ofrecer los mismos alojamientos a precios mucho más altos.

La entidad confirmó que estas prácticas se habrían intensificado en plataformas como Airbnb, hoteles y viviendas turísticas, aprovechando la alta demanda generada por los conciertos de Bad Bunny en Medellín.


La advertencia de la SIC

Ante el creciente número de quejas, la SIC lanzó una advertencia clara y directa. Hoteles, anfitriones y prestadores de alojamiento están obligados a respetar las condiciones pactadas con los consumidores.

El incumplimiento de una reserva confirmada puede derivar en sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una cifra cercana a los $3.500 millones.

La entidad recordó que estas acciones vulneran el régimen de protección al consumidor y la normativa turística vigente en Colombia.


¿Qué debe hacer el alojamiento si incumple?

Según el artículo 63 de la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996), cuando un prestador incumple total o parcialmente una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre varias opciones.

Puede exigir un alojamiento de la misma calidad, solicitar el reembolso total del dinero pagado o recibir una compensación económica equivalente al valor pactado.

La decisión siempre queda en manos del consumidor afectado.


Precios por las nubes

El impacto de la alta demanda también se refleja en los precios actuales. Una revisión en plataformas de reservas muestra valores que superan el millón de pesos por noche para dos personas durante el fin de semana de los conciertos.

En algunos casos, las tarifas alcanzan cifras que rondan los $10 millones por noche, lo que ha aumentado la indignación de quienes vieron canceladas sus reservas originales.


Cómo denunciar una cancelación injustificada

La SIC invitó a los ciudadanos afectados a presentar denuncias formales. Las quejas pueden realizarse a través del formulario de PQRSF disponible en la sede electrónica de la entidad.

Los usuarios deben describir los hechos y adjuntar pruebas como correos, mensajes o comprobantes de pago. Además, la Superintendencia anunció que iniciará investigaciones de oficio basadas en denuncias hechas en redes sociales y medios de comunicación.


Un llamado a la transparencia

La Superintendencia reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse con responsabilidad social. Estas acciones buscan proteger a los consumidores y preservar la confianza en el sector turístico colombiano, especialmente en eventos de alto impacto internacional.

Mientras Bad Bunny enciende Medellín con su música, las autoridades recuerdan que el respeto por el consumidor también debe estar en primera fila.


Los conciertos de Bad Bunny prometen ser históricos para Medellín, pero también dejaron una lección clara para el sector turístico. Cancelar reservas para subir precios puede salir muy caro.

La recomendación para los viajeros es clara: documentar cualquier incumplimiento y denunciar. Para los prestadores, el mensaje es uno solo: cumplir lo pactado o enfrentar las consecuencias.

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